La fiscalía de Estado pidió la inmediata detención de la pareja que vendía certificados médicos truchos a empleados públicos
El requerimiento se fundamentó en el peligro de fuga de los implicados.
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza pidió la inmediata detención de Paola Tonelli y Augusto Toledo, la pareja implicada en la adulteración y comercialización de certificados médicos falsos, que fueron presentados por empleados de la administración pública provincial.
La pareja era investigada desde marzo, cuando un médico denunció ante la Justicia que estaban emitiendo los documentos apócrifos con su sello. En septiembre fueron imputados por falsificación de documentos.
En simultáneo el Gobierno inició una investigación interna debido a que Toledo se desempeñaba en un establecimiento educativo y además había presentado certificados truchos para ausentarse de su función. Determinaron que al menos 83 agentes estatales habían utilizado la maniobra ilegal.
A raíz de eso, la fiscalía de Estado se constituyó como querellante y este viernes solicitó, través del jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, la aprehensión de la pareja involucrada.
En la presentación ante la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper expusieron la “justificada preocupación sobre la conducta y el comportamiento de los imputados en autos” que si bien ya estaban imputados siguieron actuando al menos hasta el 7 de noviembre.
“Continuaron con su acción delictual, adulterando, falsificando y comercializando certificados médicos con la única intención de defraudar al Estado”, afirmaron.
Entre los argumentos del pedido, mencionaron que una agente simuló ser una interesada y en una conversación el 19 de noviembre le manifestaron que “se estaban mudando”.
“Esto lógicamente genera una preocupación para nosotros sobre el acatamiento o no de las disposiciones de la Justicia, generando así una seria y fundada incertidumbre sobre la comparecencia de los denunciados a la audiencia programada para la semana que viene”, sostuvo la fiscalía de Estado.
El martes habrá una ampliación de la formulación de cargos donde acusarán a una tercera persona, que era la encargada de imprimir los documentos falsos.
“No deberíamos ignorar los comportamientos de desobediencia e indocilidad que presentan los imputados que podrían poner el riesgo y truncar la investigación en su totalidad, entendiendo que la única solución posible es ordenar la inmediata detención”, insistieron a fin de “garantizar la seguridad judicial”.
En el mismo sentido, la fiscalía de Estado hizo énfasis en la necesidad de “evitar la continuación del delito, ya que los imputados aun después de la formulación de cargo y de un segundo allanamiento continuaron delinquiendo”.
En el cierre del jueves se conoció que el gobernador Claudio Poggi echó a otros 23 empleados públicos que justificaron licencias con certificados médicos truchos. De esta manera, ya son 42.